Las leyes de mayor importancia que gobiernan a las instituciones financieras y protegen al consumidor en sus tratos financieros son las siguientes:
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Ley de Reinversión en la Comunidad del 1977
Induce a las instituciones financieras para que ayuden a satisfacer los requisitos crediticios de la comunidad en que operan, en particular en los vecindarios de ingresos bajos o modestos.
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Ley de Arrendamientos del Consumidor del 1976
Requiere que las instituciones divulguen los costos y términos de arrendamientos, tales como el de un automóvil.
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Ley de Transferencia Electrónica de Fondos (1978)
Establece derechos básicos, responsabilidades y obligaciones del (1) consumidor que utiliza servicios de transferencia electrónica de fondos y de (2) las instituciones financieras que ofrecen dichos servicios. Cubre operaciones en cajeros automáticos, en terminales de puntos de venta en los comercios, transacciones de planes de pago telefónico y transferencias preautorizadas de retiros y depósitos en cuentas de clientes, tales como depósito directo de sueldo o pagos del Seguro Social.
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Ley de Igualdad para la Oportunidad al Crédito (1974)
Prohíbe la discriminación en operaciones crediticias basándose en género, estado civil, edad, raza, religión, color de piel, país de origen, recibir asistencia pública, o haber ejercido cualquiera de los derechos que le otorga la Ley Federal de Protección de Crédito del Consumidor.
La ley requiere que el acreedor otorgue crédito a aquellos individuos calificados sin requerir que el cónyuge sea cosignatario, que se le informe por escrito a los solicitantes rechazados el motivo de la negación del crédito, y que se les permita a los individuos casados tener historiales de crédito en cuentas conjuntas bajo el nombre de ambos cónyuges. También le otorga al prestatario el derecho de recibir una copia del informe de valuación.
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Ley de Disponibilidad Expeditiva de Fondos (1987)
Especifíca el tiempo en que las instituciones deben hacer disponibles los fondos depositados por clientes. Requiere que las instituciones divulguen a los clientes sus políticas sobre disponibilidad de fondos.
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Ley de Transacciones de Crédito Justas y Exactas del 2003
Aumenta la capacidad del consumidor de combatir el robo de identidad, aumenta la exactitud de los informes del consumidor, permite al consumidor ejercer mayor control sobre el tipo y la cantidad de ofrecimientos de ventas que recibe, restringe el uso y la divulgación de información médica sensible y establece normas nacionales uniformes para la regulación de informes del consumidor. Enmienda la Ley de Informes de Crédito Justos.
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Ley de Divulgación Justa sobre Tarjetas de Crédito y de Cargo del 1988
Requiere que las solicitudes de tarjetas de crédito enviadas por correo, solicitadas por teléfono o puestas a disposición del público (por ejemplo, en mostradores de tiendas al por menor o por catálogos) contengan información sobre los términos claves de la cuenta. Enmienda la Ley de Veracidad en Préstamos.
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Ley de Facturación Justa de Crédito (1974)
Especifíca cómo debe responder el acreedor a las quejas del consumidor, impone requisitos para asegurar que el prestamista administre las cuentas de forma justa y sin demoras. Aplica principalmente a las cuentas corrientes y de tarjeta de crédito (por ejemplo, las cuentas de comercios y tarjetas de banco). Enmienda la Ley de Veracidad en el Préstamo.
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Ley de Informes de Crédito Justos (1970)
Protege al consumidor contra la información errónea o engañosa en los registros de crédito que mantienen las agencias de informes crediticios; requiere que éstas le permitan al solicitante corregir los informes erróneos.
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Ley de Prácticas Justas en el Cobro de Deudas (1977)
Prohíbe prácticas de cobros de crédito abusivas. Aplica a los bancos que funcionan como cobradores de deudas para otras entidades.
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Ley de Vivienda Justa (1968)
Prohíbe la discriminación para extender crédito basándose en raza, color, religión, nacionalidad, género, estado civil, o incapacidad física.
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Ley de Mejoras de la Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés) (1980)
Autoriza a la Reserva Federal a identificar prácticas de actos engañosos o injustos por parte de los bancos y a emitir regulaciones que lo prohíban. Haciendo uso de esta autoridad, la Reserva Federal adoptó regulaciones substancialmente similares a las adoptadas por la FTC que restringen ciertas prácticas en el cobro de deudas morosas del consumidor (por ejemplo, las prácticas relacionadas a los cargos por retrasos, responsabilidades del cosignatario y deducciones del sueldo).
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Ley de Protección por Desastres de Inundación del 1973
Requiere seguro contra inundaciones en una propiedad en zona de peligro de inundación, bajo el Programa Nacional de Seguro por Inundación.
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Ley Gramm-Leach-Bliley (1999)
Regulación P--Confidencialidad de la Información Financiera del Consumidor.
Describe las condiciones en las cuales las instituciones financieras podrán divulgar información financiera personal sobre el consumidor a terceros no afiliados, proporciona un método para que el consumidor opte por no participar en compartir información con terceros no afiliados, y requiere que las instituciones financieras le notifiquen al consumidor sus prácticas y políticas sobre confidencialidad.
Regulación H--Protección del Consumidor en Ventas de Seguros.
Describe condiciones para las ventas, pedidos, publicidad u ofertas de productos o anualidades de seguro por bancos estatales miembros u otros en las oficinas de un banco. Prohíbe coerciones y falsedades y requiere la divulgación de información en conexión con la compra inicial de un producto o anualidad de seguro.
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Ley de Protección al Consumidor en Préstamos sobre el Valor Neto de la Vivienda del 1988
Requiere que los prestamistas proporcionen información detallada sobre planes de préstamo sin límite de importe garantizados por la vivienda del consumidor, incluso folletos describiendo los planes de préstamos sobre el capital o valor líquido de la vivienda en general. También regula la publicidad de dichos préstamos y restringe sus términos.
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Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas del 1975
Requiere que las empresas que efectúan préstamos hipotecarios, publiquen anualmente la información sobre distribución geográfica de las solicitudes, procedencia y adquisiciones de préstamos para comprar o remodelar viviendas y refinanciamientos. Requiere que los prestamistas publiquen datos sobre etnicidad, raza, sexo e ingresos de solicitantes y prestatarios y también sobre los datos de tarifas de ciertos préstamos. También ordena que el Consejo de Exámenes de Instituciones Financieras Federales, al cual pertenece la Reserva Federal, prepare resúmenes de dicha información para poner a la disposición del público.
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Ley de Protección de Propiedad del Valor Neto de la Vivienda del 1994
Establece requisitos adicionales sobre divulgación y limitaciones substantivas por préstamos sobre el capital de la vivienda con tasas o cargos por encima de un cierto porcentaje o cantidad. Enmienda la Ley de Veracidad en el Préstamo.
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Ley de Protección para el Propietario de Vivienda del 1998
Establece reglamentos para la terminación automática y cancelación por prestatario del seguro hipotecario particular (PMI, siglas en inglés) sobre hipotecas para viviendas.
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Ley de Procedimientos de Cierre de Bienes Raíces del 1974
Requiere se le proporcione al comprador información sobre los costos y la naturaleza de los montos de cierre en préstamos hipotecarios. También protege al prestatario de las prácticas abusivas, como sobornos y limita el uso de las cuentas de plica.
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Ley del Derecho a la Privacidad Financiera del 1978
Protege al cliente bancario contra el escrutinio ilegal por organismos federales de sus registros financieros y especifíca procedimientos que las autoridades gubernamentales deben cumplir al solicitar información en una institución financiera sobre los registros de clientes.
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Ley de Veracidad en Préstamos (1968)
Requiere métodos uniformes para calcular el costo del crédito y para divulgar sus términos. Le otorga al prestatario el derecho de cancelar, dentro de un plazo de tres días, ciertos préstamos garantizados por sus residencias. Prohíbe la emisión de tarjetas de crédito no solicitadas y limita la responsabilidad del tenedor de cuenta por uso no autorizado. También impone límites sobre los préstamos del capital de vivienda con tasas o cargos superiores a un umbral específico.
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Ley de Veracidad en el Ahorro (1991)
Requiere que las instituciones depositarias revelen cierta información a los depositarios sobre sus cuentas incluso la tasa de porcentaje anual (la cual debe calcularse de forma uniforme), y prohíbe ciertos métodos para calcular intereses. Regula la publicidad de las cuentas de ahorro.
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Ley de Propiedad Comercial de la Mujer del 1988
Extiende a los solicitantes de crédito comercial ciertas protecciones otorgadas a solicitantes de crédito para el consumidor, como el derecho de recibir una explicación por negación de crédito. Enmienda de la Ley de Igualdad para la Oportunidad de Crédito.
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